Una paz sin tierra

Domingo, 29 de diciembre de 1996.

El acuerdo marco, firmado el 10 de enero de 1994, planteaba un modelo de negociación, con la mediación de Naciones Unidas, en el que se discutían primero los temas sustantivos (de fondo) y se pasaba después a los operacionales (concretos). Las presiones ejercidas por el grupo de países amigos (Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Noruega y España) fueron decisivas en muchos momentos para que las dos partes no abandonaran la negociación.
El decidido empeño y la habilidad del presidente Alvaro Arzú ha sido determinante para lograr el avance de las negociaciones de paz. Antes de alcanzar la Presidencia, Arzú ya había mantenido diversos encuentros con la dirigencia guerrillera. El equipo negociador del entonces candidato democristiano estaba compuesto por tecnócratas, políticos de nuevo cuño, y figuras como Gustavo Porras, ex guerrillero y actual coordinador de la Copaz (Comisión de Paz).
En los primeros meses del mandato de Arzú se inició la renovación del estamento militar y fueron destituidos oficiales involucrados en la represión de los indígenas. Un aspecto fundamental de los acuerdos es controlar y limitar el poder del Ejército, los gastos de defensa y seguridad, que actualmente suponen el 13% del presupuesto nacional.
Pero los acuerdos de paz dejan dudas en aspectos sustanciales. Ahora que se intenta recuperar la figura de Jacobo Arbenz, presidente elegido en 1950, conviene recordar que fue derrocado militarmente en 1954 por la oposición de terratenientes -entre los que destacó la compañía estadounidense United Fruit-, que veían amenazados sus intereses.
La reforma agraria iniciada en el periodo de Arévalo (1944-1950) pretendía atenuar la desigual distribución de la tierra otorgando a los campesinos parte del suelo ocioso de los terratenientes. Se estima que en la actualidad más de dos tercios del campo en manos de grandes propietarios está improductivo. El acuerdo denominado Aspectos socioeconómicos y situación agraria incluye solamente el compromiso de crear un fondo de tierra que financie la adquisición de tierras para pequeños campesinos y cooperativas, además de algunas reformas en los impuestos sobre la propiedad. Por tanto, sigue pendiente de solución la principal causa del conflicto, puesto que no es posible alcanzar una paz duradera sin alterar la estructura económica actual, donde un 80% de la población del país vive en condiciones de pobreza.
Otra dificultad añadida se plantea con los desmilitarizados de uno y otro bando. Ya conocemos la experiencia de El Salvador o Nicaragua, donde la ausencia de alternativas ha forzado a muchos de ellos a volver a las armas como medio de vida.
La Ley de Reconciliación, incluida en el acuerdo base para la incorporación de la URNG a la vida legal, firmado en Madrid, ha sido recibida con preocupación por diferentes organismos de defensa de los derechos humanos porque ha supuesto una ley de punto final. Esta norma establece una amnistía generalizada que podría dejar impunes la mayoría de los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos cometidos en los últimos 36 años.
Frente a actitudes triunfalistas y que invitan a una amnesia general, merecen el elogio iniciativas como la del Arzobispado de Guatemala que ha impulsado un proyecto interdiocesano -Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica)-, que pretende contribuir a la reconciliación de las comunidades. Al investigar el pasado, se pretende mostrar los hechos tal y como ocurrieron, conocer la verdad y recuperar de este modo la memoria colectiva de un pueblo.
El desafío va más allá de la firma. Se trata de construir una paz digna y duradera, desde la memoria, no desde el olvido, para así desterrar el silencio y el miedo de Guatemala.


DAVID ALONSO ha supervisado, como acompañante internacional, varios retornos de refugiados guatemaltecos.